Propuesta de Meade contra la corrupción busca reforzar lucha del Estado Mexicano

La propuesta del precandidato del PRI a la Presidencia de la Republica, José Antonio Meade Kuribreña, para combatir la corrupción busca reforzar la lucha del Estado mexicano para prevenir, sancionar y erradicar ese acto ilícito, afirmó el experto José Antonio Caballero Juárez.

El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que ese planteamiento se debe analizar en el Congreso de la Unión, pues es un tema que todos los días está en la mesa de discusión entre todos los sectores de la población.

“La propuesta de José Antonio Meade Kuribreña debe convertirse en una herramienta útil para hacer frente a un reclamo ciudadano que busca la transparencia en el manejo de los recursos”, apuntó.

En entrevista para Notimex, subrayó que la iniciativa también se refiere a ejercer la extinción de dominio, práctica que hasta el momento ha sido poco exitosa y que continúa siendo un tema polémico que debe tener consensos.

“Por ello es bien recibida la propuesta de Meade Kuribreña de agilizar ese trámite para lo cual se deben hacer modificaciones procesales”, destacó Caballero Juárez.

Resaltó que la propuesta también abarque construir nuevos mecanismos para supervisar la labor de los funcionarios públicos y aplicar penas cuando se detecten manejos ilegales.

“Esto es prioritario para combatir la corrupción y debe concretarse esa propuesta para un fenómeno que desafortunadamente se repite entre algunos servidores, cuyo deber es servir a la ciudadanía”, aseguró.

El profesor e investigador del CIDE señaló que la iniciativa del precandidato del PRI es bien recibida, pues la corrupción es un fenómeno que se debe prevenir y sancionar para que ninguna persona realice labores que afecten el crecimiento del país.

Por último, indicó que los legisladores deben impulsar la propuesta de Meade Kuribreña, pues lo que se busca es actuar con transparencia y prueba de ello es que plantea hacer obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.